Fuerzas militares colombianas en la masacre de Jamundí

SE DECLARA LA CULPABILIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES POR LA MASACRE DE JAMUNDI

170 sesiones y más de 600 pruebas después, la rama judicial declaro la responsabilidad de la la Fuerza Pública en cuanto a la masacre de Jamundí, en la que diez policías y un informante cayeron por el accionar intencional del Ejército en el municipio del Valle, el 22 de mayo del 2006.
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El juez Octavio Edmundo López condenó al coronel Byron Carvajal, ex comandante del Batallón de Alta Montaña No. 3 y a 14 de sus hombres por homicidio agravado.
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Los policías y un informante, victimas del atentado por las mismas fuerzas militares, murieron en una operación en la que según la investigación, hubo exceso de fuerza. "Se probó la conducta punible y se demostró la muerte de las 11 personas a causa de disparos de arma de fuego (...) Esta se produjo como resultado de la acción desplegada por los militares acusados y frente a ello no se demostró la existencia de ninguna causal de ausencia de responsabilidad", dijo el juez López. Los 14 oficiales, suboficiales y soldados que hacían parte del batallón Lince fueron condenados como coautores.

La condena se conocerá el próximo 21 de abril, pero se estima que no estará por debajo de los 25 años. Y no se descarta que, en el caso del coronel, que fue la persona que dirigió lo que en su momento el fiscal Mario Iguarán llamó apresuradamente "un mandado del narcotráfico", pueda recibir la pena máxima: entre 40 y 60 años.

A pesar de lo anterior y de la contudencia de las pruebas que afirman la responsabilidad del batallon lince, el coronel Carvajal insistió en su inocencia, al respecto dijo: "Jamás tuve ningún motivo para ordenar atentar contra agentes del orden (...) Jamás tuve motivos ni los tendré para cambiar mis preceptos ni mi formación militar".

La Fiscalía presentó 32 testigos y 417 pruebas para demostrar que el Grupo Lince del Batallón de Alta Montaña No. 3 emboscó y masacró a los 10 policías de la Comisión Cali (Comca) de la Dijín y al civil que les servía de guía.

Por la misma Linea, los escándalos marcaron de principio a fin el proceso. El primer juez del caso se apartó luego de fuertes cuestionamientos y ya al final, cuando estaba cerrado el período de pruebas, se conoció que el fiscal Leobardo Latorre, quien estuvo seis meses asignado al caso, ofreció sus servicios a la contraparte una vez salió de la Fiscalía. Que las muertes fueron producto de la acción de la patrulla nunca estuvo en duda. Los militares aseguraron todo el tiempo que creyeron que se trataba de un grupo irregular que iba a cometer un secuestro y que la Policía no respetó protocolos de seguridad. La Fiscalía y la Policía hablaban de una emboscada. El juez López le creyó a la parte que acusaba. La Procuraduría también había pedido condena. Consideró que los militares esperaron a sus víctimas, que hubo desproporción de fuerzas porque el 83 por ciento de las vainillas halladas en el sitio correspondían a sus armas y que no atendieron súplicas ni tuvieron intención de buscar ayuda para los heridos.¿Por qué los mataron? Lo que queda por determinar es por qué se produjeron esas muertes. A pesar de que desde el primer momento se habló de la participación del narcotráfico en la matanza, es una hipótesis que no quedó demostrada en la investigación.