La tortura de los buenos

15 de marzo de 2008

Por Mauricio Saenz

En nombre de la libertad, la democracia y la lucha contra el terrorismo,el gobierno de Estados Unidos en cabeza George W. Bush acaba de abrir la puerta a que la CIA torture sin violar la ley. El procedimiento es limpio y sencillo: primero, hay que vendar los ojos del prisionero. Luego, acostarlo boca arriba con la cabeza en la parte más baja de una especie de camilla inclinada, y asegurar sus extremidades con los grilletes dispuestos al efecto. Acto seguido, se le envuelve la cabeza con un trapo (algunos han resuelto hacerlo con un celofán). Y entonces llega la parte culminante. El verdugo vierte agua sobre la boca y las fosas nasales del sospechoso. Es un acto que no deja marcas visibles, pero sus efectos son tan aterradores como cualquier forma de tortura. ver mas

Fuerzas militares colombianas en la masacre de Jamundí

SE DECLARA LA CULPABILIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES POR LA MASACRE DE JAMUNDI

170 sesiones y más de 600 pruebas después, la rama judicial declaro la responsabilidad de la la Fuerza Pública en cuanto a la masacre de Jamundí, en la que diez policías y un informante cayeron por el accionar intencional del Ejército en el municipio del Valle, el 22 de mayo del 2006.
.
El juez Octavio Edmundo López condenó al coronel Byron Carvajal, ex comandante del Batallón de Alta Montaña No. 3 y a 14 de sus hombres por homicidio agravado.
.
Los policías y un informante, victimas del atentado por las mismas fuerzas militares, murieron en una operación en la que según la investigación, hubo exceso de fuerza. "Se probó la conducta punible y se demostró la muerte de las 11 personas a causa de disparos de arma de fuego (...) Esta se produjo como resultado de la acción desplegada por los militares acusados y frente a ello no se demostró la existencia de ninguna causal de ausencia de responsabilidad", dijo el juez López. Los 14 oficiales, suboficiales y soldados que hacían parte del batallón Lince fueron condenados como coautores.

La condena se conocerá el próximo 21 de abril, pero se estima que no estará por debajo de los 25 años. Y no se descarta que, en el caso del coronel, que fue la persona que dirigió lo que en su momento el fiscal Mario Iguarán llamó apresuradamente "un mandado del narcotráfico", pueda recibir la pena máxima: entre 40 y 60 años.

A pesar de lo anterior y de la contudencia de las pruebas que afirman la responsabilidad del batallon lince, el coronel Carvajal insistió en su inocencia, al respecto dijo: "Jamás tuve ningún motivo para ordenar atentar contra agentes del orden (...) Jamás tuve motivos ni los tendré para cambiar mis preceptos ni mi formación militar".

La Fiscalía presentó 32 testigos y 417 pruebas para demostrar que el Grupo Lince del Batallón de Alta Montaña No. 3 emboscó y masacró a los 10 policías de la Comisión Cali (Comca) de la Dijín y al civil que les servía de guía.

Por la misma Linea, los escándalos marcaron de principio a fin el proceso. El primer juez del caso se apartó luego de fuertes cuestionamientos y ya al final, cuando estaba cerrado el período de pruebas, se conoció que el fiscal Leobardo Latorre, quien estuvo seis meses asignado al caso, ofreció sus servicios a la contraparte una vez salió de la Fiscalía. Que las muertes fueron producto de la acción de la patrulla nunca estuvo en duda. Los militares aseguraron todo el tiempo que creyeron que se trataba de un grupo irregular que iba a cometer un secuestro y que la Policía no respetó protocolos de seguridad. La Fiscalía y la Policía hablaban de una emboscada. El juez López le creyó a la parte que acusaba. La Procuraduría también había pedido condena. Consideró que los militares esperaron a sus víctimas, que hubo desproporción de fuerzas porque el 83 por ciento de las vainillas halladas en el sitio correspondían a sus armas y que no atendieron súplicas ni tuvieron intención de buscar ayuda para los heridos.¿Por qué los mataron? Lo que queda por determinar es por qué se produjeron esas muertes. A pesar de que desde el primer momento se habló de la participación del narcotráfico en la matanza, es una hipótesis que no quedó demostrada en la investigación.

Comandante Plazas Vega: Culpable de desapariciones en la Toma al Palacio de Justicia

12 DE FEBRERO DE 2008

ALFONSO PLAZAS VEGA, LLAMADO A JUICIO POR DESAPARICIONES FORZADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA.

El comandante de la Escuela de Caballería de Bogotá, Alfonso Plazas Vega, fue el militar que dirigió la retoma de la edificación que había sido tomada por un comando del M-19.

La fiscal delegada ante la Corte Suprema consideró que es responsable de los delitos de desaparición forzada y tortura sicológica.

Este último cargo hace referencia a la situación de los familiares de los desaparecidos, que completan 22 años sin tener noticias de sus seres queridos.

Plazas Vega fue detenido el año pasado dentro de la misma investigación que ya tenía presos a otro coronel retirado, Edilberto Sánchez, ex jefe de Inteligencia de la Brigada 13 de Bogotá, y a cuatro militares más.

Acerca de Carimagua

10 DE DEBRERO DE 2008

TIERRAS DESTINADAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO SERAN DADAS A PARTICULARES POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA Y EL INCODER.

El predio, en Puerto Gaitán (Meta), tiene 17 mil hectáreas y se debía asignar a 80 familias. Pero en 10 días, y por 50 años, pasará a manos de empresas del sector palmicultor e inversionista.
De hecho, representantes de cuatro firmas -Palmera Santana, Palmasol, Sapuga y Esfinanzas- inspeccionaron hace un mes el terreno (que tiene pista de aterrizaje, aljibes para provisión de agua, decenas de casas, luz, vías internas y potreros con molinos de viento) que en 2004 el gobierno Uribe prometió destinar a su programa de reasentamiento de desplazados por la violencia. A pesar de que existe un acuerdo (el 005 de septiembre del 2004) en el que quedó establecido que el inmueble sería entregado a familias víctimas de la violencia paramilitar dentro del proceso de "desmovilización de las AUC", algunos de esos empresarios volvieron a Bogotá haciendo planes y cuentas para sembrar allí palma, caucho y madera, e incluso para proponerle al Gobierno que les venda el terreno, conocido como Carimagua.

Es más, hay empresas de Malasia interesadas en el negocio. El sorpresivo cambio de inquilinos del magnífico predio se debe a que, hace siete meses el Incoder decidió entregarlo a privados. De nada sirvió que ese mismo instituto firmara un contrato con la Fundación de Estudios Económicos Políticos y Sociales (Fundes) para desarrollar en Carimagua el programa de reubicación de desplazados, campesinos y desmovilizados. Tampoco sirvió que la Gobernación del Meta -cuyo departamento es uno de los más afectados por el desplazamiento, según cifras del propio Gobierno- realizara un estudio y una preselección de familias para que les fuera entregado el terreno.

.

Movimiento relámpago

El 6 de julio del 2007, el Incoder firmó un acuerdo para cambiarle la destinación al inmueble y, cuatro días más tarde, se expidió la respectiva resolución que, además, le permitió echar a andar una licitación para ceder la tierra hasta el año 2057. El proceso de adjudicación se inició en diciembre, se cierra este lunes y se adjudica el 21 de febrero próximo. Ese trámite relámpago de cambio de destinación y de adjudicación contrasta con el de la frustrada entrega a las familias de desplazados, el cual se demoró más tres años sin que diera frutos. La laxitud del trámite es tan evidente que un mes antes de que el Incoder decidiera cambiarle la destinación al predio, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) -que cedió Carimagua gratuitamente en el 2004- manifestó su extrañeza por el hecho de que, pasados tres años, el Incoder ni siquiera hubiera enviado a un funcionario para tomar posesión del bien. En la misma comunicación, Corpoica advierte el riesgo de que un grupo de desplazados se tome el predio, debido, precisamente, al descuido del Incoder. Efectivamente, poco después de esa carta, Carimagua fue ocupado por varias familias que ahora tendrán que ser expulsadas para darles paso a los privados. Incluso, en su momento, el Incoder le solicitó al alcalde de Puerto Gaitán que tomara las medidas policivas del caso para sacar a los invasores a quienes califica de "personas no determinadas".¿Puede el Incoder cambiar la destinación de un predio cedido única y específicamente para el programa de reforma agraria para desplazados? ¿Puede un grupo de privados entrar a ocupar Carimagua a pesar de que la Constitución es clara al otorgarle un trato preferencial a los desplazados víctimas de la violencia, debido a su circunstancia de debilidad, vulnerabilidad e indefensión?

.

La tesis de Ministro de agricultura

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, asegura que sí, pues la tesis de su cartera y la del Incoder es que ese predio no tiene infraestructura para recibir a un grupo de desplazados. En cambio -dice Árias- en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados. La polémica sobre este predio se produce en momentos en que la Corte Constitucional le volvió a recordar al gobierno Uribe que si bien ha mejorado en su política para los desplazados, sigue incumpliendo en temas tan neurálgicos como el de la entrega de tierras.

Entrevista a Ivan Cepeda